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Han pasado 7 años desde que Eric A. Posner y E. Glen Weyl publicaron su libro “Mercados Radicales”. El libro se cimenta en las bondades del libre mercado, pero también devela los malestares que erosionan el consenso sobre las ventajas del libre mercado y el orden liberal. Estos malestares no han desaparecido y, si queremos preservar la libre competencia y el libre mercado, es necesario cuestionarnos si tenemos que hacer algunas cosas de forma distinta.

Parte del ejercicio que adelantan Posner y Weyl es cuestionar al propio libre mercado. Por ejemplo, los autores se preguntan si con los avances computacionales y de inteligencia artificial de ese entonces, se podría crear una organización económica superior a una economía de mercado. Estas maniobras intelectuales sirven a los autores para concluir finalmente que, pese a algunas ventajas que podría tener este nuevo sistema, se trata todavía de una posibilidad distante. Además, este escenario plantearía debates profundos sobre las libertades de los individuos y su relación con el poder. La conclusión de los autores es que no existe una mejor alternativa a una economía de mercado.

La anterior conclusión debería sostenerse por sí sola en Latinoamérica, porque la otra opción disponible causó el colapso de Venezuela. No obstante, hay que reconocer que, en medio de guerras comerciales, extrema inestabilidad global, cuestionamientos al orden liberal y rivalidad de superpotencias, se está reforzando el escepticismo que tienen muchas personas frente al libre mercado ¿Qué hacer?

Lo primero es profundizar las instituciones que soportan al libre mercado. En muchos países de la región, los mercados no han alcanzado el grado de libertad necesaria para facilitar la innovación y el crecimiento de las empresas. Lo segundo, es hacer una política industrial distinta, esto es, en armonía con la libre competencia—no sustitución de importaciones— como lo propone el nobel de economía Philippe Aghion. Sobre lo primero deberíamos reafirmar lo siguiente:

1. Esfuerzos desregulatorios: Evaluar qué sectores están distorsionados por regulaciones innecesarias para así eliminarlas.
2. Aplicación rigurosa del derecho de la competencia: Las autoridades de competencia deben ratificar su compromiso de aplicar el derecho de la competencia de forma rigurosa y lejos de presiones políticas de los gobiernos de turno.
3. Estado de Derecho y debido proceso: Robustecimiento del Estado de Derecho como garantía de que cualquier persona o empresa enfrentará unas reglas y procedimientos claros y predecibles.

En cuanto a lo segundo, esto es, la política industrial, explica Aghion que esta no tiene por qué ser un dilema frente a la competencia. En efecto, en uno de sus estudios llamado “Política Industrial y Competencia” (2015), se analiza el caso chino que consistió en ayudas estatales, como subsidios o exenciones tributarias temporales, dirigidas a sectores competitivos en mercados no concentrados y focalizadas en empresas pequeñas. Según los datos que se presentan en el estudio, una política así podría incrementar la productividad y el crecimiento económico. Para el caso colombiano, deberían considerarse unas reglas claras, objetivas, transparentes y armonizadas con el Régimen de Protección de la Competencia, en la próxima Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Esta combinación no chocaría con la convicción del libre mercado, ayudaría a que América Latina se destaque en un mundo en caos y mitigaría la desconfianza en los mercados.